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Las entidades que conforman el comité interinstitucional de lucha contra el agio y la especulación en la pandemia del coronavirus (Covid-19) realizaron operativos de control en Sucre, departamento de Chuquisaca, y Potosí a farmacias y clínicas, que terminó en la clausura de cuatro de estas actividades económicas y el decomiso más de 500 unidades de medicamentos de contrabando.
“Hemos realizado diferentes verificativos, tanto en Sucre como en Potosí, se decomisó más de 500 medicamentos que fueron ingresados al país vía contrabando, las que se constituyen en un atentado contra la salud”. declaró el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
En el caso de Sucre, la autoridad explicó que las autoridades detectaron dos farmacias que tenían agotado su stock de Remdesivir, medicamento para tratar a pacientes con coronavirus en terapia intensiva, sin embargo, los administradores contaban con una forma de contactar a personas que comercializaban el fármaco a precios elevados. Ante esta irregularidad, se dispuso la aprehensión de dos personas para para que presten sus declaraciones ante Fiscalía respecto a la supuesta comisión de los delitos de agio y especulación y atentado a la salud pública. Silva agregó que se inició una investigación para identificar cuál es el eslabón dentro de la cadena de suministro de medicamentos en la cual se estaría produciendo el tráfico de los fármacos y su venta a sobreprecio. Durante el operativo desarrollado en Potosí se procedió a la clausura temporal de dos clínicas, debido a que no cumplían las condiciones mínimas para atender a los pacientes portadores del virus. Detalló que uno de los centros de salud intervenidos tenía el registro de mayor cantidad de fallecidos por coronavirus y, tras una verificación, se evidenció que el lugar no contaba con las especialidades ni el equipamiento médico para brindar la atención necesaria a los enfermos. Mientras que el segundo nosocomio fue denunciado por presuntas irregularidades. En ambos también se identificaron cobros excesivos.
“No pueden recibir más pacientes debido a que ponen en riesgo la salud y deben cumplir sanciones económicas que van hasta 10 mil UFVs y en el caso de que se encuentre algún indicio de la comisión de algún delito penal, se activa la acción penal”. sostuvo Silva.
Los administradores de estos centros de salud fueron aprehendidos y remitidos al Ministerio Público. Asimismo, se intervino un predio donde se comercializaba medicamentos para diferentes tratamientos, los cuales no contaban con el registro sanitario ni con fecha de vencimiento. Los fármacos fueron decomisados. En la misma capital de Potosí, la autoridad informó que se cumplió otro operativo en las funerarias. Según dijo, hay una disposición de la Alcaldía que fija como precio máximo Bs 3.000 para los servicios funerarios de las víctimas del coronavirus.

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