{"id":5934,"date":"2024-06-13T15:59:23","date_gmt":"2024-06-13T19:59:23","guid":{"rendered":"https:\/\/centrodenoticiasdigital.com\/?p=5934"},"modified":"2024-06-13T15:59:23","modified_gmt":"2024-06-13T19:59:23","slug":"a-2023-hay-237-avasallamientos-en-todo-el-pais-y-la-inseguridad-de-las-tierras-crece","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrodenoticiasdigitalbol.com\/index.php\/2024\/06\/13\/a-2023-hay-237-avasallamientos-en-todo-el-pais-y-la-inseguridad-de-las-tierras-crece\/","title":{"rendered":"A 2023, hay 237 avasallamientos en todo el pa\u00eds y la inseguridad de las tierras crece"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>(CND) Bolivia, 13 de junio 2024.-<\/em><\/strong> El informe de rendici\u00f3n p\u00fablica de cuentas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en su secci\u00f3n de reporte nacional de avasallamientos y desalojos en Bolivia, mantiene la situaci\u00f3n alarmante en el pa\u00eds. De los 237 avasallamientos registrados a 2023 (136, bajo la tuici\u00f3n de esa entidad), solo 36 desalojos fueron ejecutados.<br>El departamento de Santa Cruz es el m\u00e1s afectado, pero la falta de control e intervenci\u00f3n de las autoridades para frenar el problema origina conflictos por tierra tambi\u00e9n en Beni, Cochabamba y otros departamentos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En mayo, la Asociaci\u00f3n de Productores de Oleaginosas (ANAPO) advirti\u00f3 que la producci\u00f3n de alimentos para el pa\u00eds sufre una nueva amenaza. Esta vez por el riesgo de que al menos 70.000 hect\u00e1reas en la provincia Obispo Santiestevan de Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, ma\u00edz y sorgo, sean avasalladas por grupos irregulares. Estos amenazan con tomar los predios titulados, es decir que cuentan con derecho propietario, y donde adem\u00e1s se hicieron inversiones y mejoras para la producci\u00f3n de alimentos desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSi se quiere impulsar una pol\u00edtica p\u00fablica de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, un principio b\u00e1sico es tener seguridad jur\u00eddica sobre las tierras y derechos de propiedad claros. Que al obtener un t\u00edtulo, el productor realmente sea due\u00f1o, pueda invertir con certeza, transferir la tierra, dividirla, heredarla o hipotecarla para un cr\u00e9dito productivo\u201d, indica Fernando Asturizaga, abogado especialista en derecho agrario, medioambiente, recursos naturales y desarrollo rural.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El derecho propietario agrario en Bolivia est\u00e1 severamente afectado por las tomas de hecho de tierras en producci\u00f3n. Esto se debe a que las propiedades agrarias con t\u00edtulos de propiedad son afectadas bajo nuevas formas de avasallamiento, que consisten en que grupos irregulares se atribuyen las funciones de jueces agroambientales y del propio INRA para exigir a los propietarios que acrediten ante ellos, derechos de propiedad. \u201cAdem\u00e1s, entran y salen, sientan presencia en ciertas \u00e1reas de los predios e impiden que los propietarios desarrollen sus labores agr\u00edcolas\u201d, afirma Asturizaga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las personas que componen estos grupos aseveran que necesitan tierra porque hay numerosas familias que necesitan 50 hect\u00e1reas y, con ese argumento, amenazan con tomar un aproximado de 70 mil hect\u00e1reas bajo la consigna de una \u201cSegunda Reforma Agraria\u201d.<br>Muchos propietarios se han visto obligados a interponer acciones de amparo constitucional y denunciar ante el Ministerio P\u00fablico los delitos de avasallamiento y tr\u00e1fico de tierras; y a pesar que se han emitido ordenes de aprehensi\u00f3n y desapoderamiento, todav\u00eda esperan la acci\u00f3n policial. \u201cMientras tanto, el avance en tierras tituladas no cesa y las amenazas tampoco\u201d, comenta el experto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>V\u00ednculos y falta de sanciones ejemplares<\/em><\/strong><br>En mayo, tras la aprehensi\u00f3n de Rimberto Yavira, uno de los cabecillas de grupos dedicados a la toma ilegal de tierras en del departamento de Santa Cruz, la diputada por Creemos, Mar\u00eda Rene \u00c1lvarez, advirti\u00f3 que -en caso de que suceda- no deber\u00eda sorprender la posible liberaci\u00f3n del acusado, debido a sus supuestos v\u00ednculos con el partido de Gobierno. Por ello, pidi\u00f3 al \u00d3rgano Ejecutivo demostrar voluntad para luchar contra la toma ilegal de tierras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Yavira est\u00e1 relacionado con la toma ilegal de tierras en la propiedad El Encanto y de haber participado en el secuestro y torturas durante 2021 a un grupo de periodistas y polic\u00edas en Las Londras.<br>Seg\u00fan un reciente informe de Anapo, los productores del Norte Integrado viven en la incertidumbre ante los constantes intentos de avasallamiento a cinco predios (que se sumar\u00edan a los 237 registrados a 2023), a pesar de que cuentan con t\u00edtulos de derecho propietario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los grupos irregulares, activados ahora en el municipio de San Pedro, que intentan tomar 70 mil hect\u00e1reas de la zona ponen riesgo la producci\u00f3n de al menos 300.000 toneladas de granos de soya, ma\u00edz y sorgo, que deber\u00edan estar en plena siembra de la campa\u00f1a de invierno. Como consecuencia, est\u00e1n en peligro las cadenas de producci\u00f3n alimenticia de pollo, cerdo, leche, huevos, aceite y otros alimentos imprescindibles de la canasta familiar de los bolivianos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto en Cochabamba, en especial en la regi\u00f3n metropolitana, que abarca de Sipe Sipe a Sacaba, en los \u00faltimos meses la toma violenta de predios dej\u00f3 casi una docena de heridos por armas de fuego. El secretario ejecutivo de la Central Regional de Cotapachi, Lucio Padilla, inform\u00f3 que el conflicto comenz\u00f3 en junio de 2023, pero fue en agosto que se suscit\u00f3 un enfrentamiento que dej\u00f3 ocho comunarios heridos con proyectiles de armas de fuego y 13 detenidos de manera preventiva. Pero algunos ya fueron liberados con medidas cautelares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Intervenci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica<\/em><\/strong><br>De acuerdo con el reporte de avasallamientos a 2023 del INRA, con el apoyo de la fuerza p\u00fablica, se logr\u00f3 efectuar desalojos en solo 25 de los avasallamientos en Santa Cruz, cinco en Beni, dos en Cochabamba y uno en Tarija. Durante estos operativos, se detuvo a 59 personas involucradas en estos actos ilegales. Adem\u00e1s, se recuperaron 31.013 hect\u00e1reas, restituyendo as\u00ed la legalidad sobre estas tierras.<br>En una reciente columna, Ronald Nostas, expresidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia, afirma que lo ocurrido en Guarayos (Santa Cruz) no es un caso aislado. Asevera que \u201cdesde hace 20 a\u00f1os, los avasallamientos de tierras se han vuelto muy comunes en Bolivia; aumentaron en n\u00famero y en violencia; alcanzan incluso a las propiedades urbanas y; se extienden a zonas mineras, ganaderas y madereras\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Ministerio de Gobierno revel\u00f3 que en 2022 se registraron 272 denuncias por toma ilegal de predios, (el 80% ocurri\u00f3 en Santa Cruz), aunque la Fundaci\u00f3n Tierra estima que estos eventos sobrepasan los 300 anuales. \u201cEl sector productivo requiere una intervenci\u00f3n efectiva, que haga cumplir la Constituci\u00f3n, protegiendo las tierras productivas que cumplen la funci\u00f3n econ\u00f3mico-social, est\u00e9n tituladas o no, siendo necesario que las autoridades cumplan la palabra del Presidente del Estado, para combatir este problema, que afecta tanto a la propiedad privada como a la estabilidad social y econ\u00f3mica del pa\u00eds\u201d, afirma Fernando Asturizaga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El director nacional del INRA, Eulogio N\u00fa\u00f1ez, en una reciente entrevista asever\u00f3 que el 95% de los predios en Santa Cruz cuentan con titulaci\u00f3n y que solo un 5% est\u00e1 en revisi\u00f3n. Indic\u00f3, por tanto, que los propietarios deber\u00edan denunciar para que, en tres d\u00edas, los jueces agroambientales emitan sentencia, declarando probadas o improbadas las demanda. \u201cEn caso de declararse probada, en cuatro d\u00edas tiene que proceder al desalojo\u201d, enfatiz\u00f3.<br>No obstante, la falta de control e intervenci\u00f3n de las autoridades para frenar el problema agrava los conflictos y muchas veces deriva en enfrentamientos con armas de fuego. Uno de los casos que permanecen en la memoria cercana en Santa Cruz, es el de Santagro, cuya situaci\u00f3n permanece en vilo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(CND) Bolivia, 13 de junio 2024.- El informe de rendici\u00f3n p\u00fablica de cuentas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en su secci\u00f3n de reporte nacional de avasallamientos y desalojos en Bolivia, mantiene la situaci\u00f3n alarmante en el pa\u00eds. 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